San Salvador – Los salvadoreños que residen en el exterior enviaron 1,250 millones de dólares en los primeros cuatro meses del 2008, un nuevo récord de remesas familiares en ese periodo para este país, informó el Banco Central de Reserva.
La cifra superó en 80.2 millones de dólares los 1,170 millones recibidos entre enero y abril del 2007, que representaba la mayor cantidad en esa etapa, según un comunicado del Banco emitido el viernes. La mayor parte de los salvadoreños en el extranjero viven en Estados Unidos.
En los primeros cuatro meses del 2005 los salvadoreños enviaron 884.9 millones y 1,070 millones en el 2006.
Tan sólo en abril de este año las remesas alcanzaron los 338.5 millones de dólares, 28.2 millones más comparado con el mismo mes de año pasado.
El Banco detalló que el 79.3 por ciento del total de las remesas fue liquidado por bancos locales. El resto fue pagado por entidades financieras no bancarias, empresas internacionales con oficinas propias en El Salvador, casas de cambios y otros.
Destacó que, "el comportamiento de las remesas se ha visto favorecido por la tasa de desempleo hispano en Estados Unidos que, en abril del 2008, permaneció invariable, considerándose un dato positivo en el contexto internacional".
En el 2007, las remesas registraron también un nuevo récord anual al alcanzar los 3,695.3 millones, superando en 224.4 millones la cifra del 2006.
Las remesas representan un pilar fundamental en la economía de este país.
Se estima que unos 2.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y de estos 240,000 están amparados por el programa de protección temporal migratorio, conocido por sus siglas en inglés como TPS, que les permite trabajar ahi.
El beneficio fue aprobado por el presidente George W. Bush tras dos terremotos en el 2001.
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/internacional/stories/DN-salvador_17dia.ART.State.Edition1.4685339.htmlBuscan erradicar origen y tránsito de trata de personasEl Salvador se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, según reveló un informe del Comité Nacional contra la Trata de Personas, presentado esta mañana. Para erradicar esta práctica, el Comité lanzó una nueva política nacional, donde se busca sumar esfuerzos de instituciones públicas y no gubernamentales.
“Nos hemos convertido en un país de origen, pero también de tránsito y destino, por lo que tenemos que adoptar las políticas que los países de origen y destino están adoptando para combatir la trata y tráfico de indocumentados”, dijo el Viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix.
Cálix explicó que con esta nueva política nacional, se buscará perseguir el delito con “todas las herramientas legales con las que dispone el estado de derecho de El Salvador y con una política paralela al respeto de los derechos humanos y la protección de la niñez y las víctimas de este flagelo”.
El funcionario destacó que existen avances en el trabajo que está desarrollando el Comité Nacional, como la construcción de un albergue que servirá para atender a las víctimas de Trata y Tráfico Ilegal de personas. En el 2007, se atendieron 462 casos y en el primer trimestre de 2008 se han registrado 183 casos.
En el albergue se pretende dar un tratamiento “integral” tanto física como psicológica, según informó el Comité.
Por su parte, la titular del Ministerio de Educación, Darlyn Meza, dijo que la Trata y Tráfico Ilegal de personas esté ligado a personas inescrupulosas. “Realmente lo que buscan estás personas es transar con el cuerpo o la vida”, de sus víctimas, añadió.
La Ministra de Educación aseguró que desde esta cartera de Estado, se ha capacitado a más de 28 mil docentes en el tema para lograr identificar en los centros educativos esta problemática y que se pueda abordar.
Pablo Nasser, Subdirector de Migración y Extranjería, instó a la población a denunciar este tipo de delito, que muchas veces las víctimas no lo hacen por temor y por eso no se puede actuar indicó.
El Comité Nacional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilegal, está conformado por CEMUJER, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Relaciones Exteriores, Migración y Extranjería, Policía, Fiscalía. Estas instituciones trabajarán de forma conjunta en la aplicación de una política nacional contra el delito de trata.
http://www.diariocolatino.com/es/20080521/nacionales/55208/
Mano dura contra los inmigrantes (En Italia)
La anunciada política de mano dura del primer ministro italiano Silvio Berlusconi contra la inmigración ya está aquí. El gobierno italiano ha aprobado un paquete de medidas que, de convertirse en ley, convertirá a la inmigración ilegal en delito.
"Estamos en Nápoles para decir que el Estado volverá a ser Estado", dijo Sivio Berlusconi en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura. Durante el Consejo, el gabinete italiano acordó adoptar una serie de medidas cuyo objetivo, según el gobierno, es garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos.
El conjunto de estas medidas se conoce como ‘paquete de seguridad Maroni', en alusión al ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, miembro de la Liga Norte, y responsable de la nueva legislación.
El paquete lo forman un decreto de aplicación automática, dos proyectos de ley que se discutirán en el Parlamento, y tres decretos legislativos que entrarán en vigor en dos meses. Teniendo en cuenta que el gobierno de Berlusconi goza de mayoría en las dos cámaras, es de prever que los proyectos de ley no encuentren obstáculo en el debate parlamentario.
Principales cambios
La medida más destacada y que ha levantado mayor polémica es la tipificación de la inmigración ilegal como delito. En un principio, el gobierno quería aprobar esta medida como decreto urgente y conseguir su aplicación inmediata, pero para ello se requería la firma del presidente de la República, Giorgio Napolitano, que no ha estimado que se diera la circunstancia de urgencia que se necesita para tramitar las normas por esa vía.
Pero la decisión de convertir la inmigración ilegal en delito no es la única medida adoptada por el gobierno italiano. Con la nueva ley, a los inmigrantes indocumentados que cometan un delito se les agravará la pena en un tercio; los alcaldes tendrán más poderes para expulsar a los inmigrantes que consideren en situación irregular, procedan o no de países miembros de la Unión Europea; se dificultarán los procesos de reagrupación familiar, limitándolos a los casos de padres e hijos que demuestren su parentesco mediante prueba de ADN; los inmigrantes tendrán que demostrar que tienen vivienda, ingresos suficientes y seguro médico; y se ampliará el plazo máximo durante el cual los inmigrantes pueden estar retenidos en centros de internamiento hasta los 18 meses.
Asimismo, se perseguirá a aquellos que alquilen sus viviendas a inmigrantes indocumentados. Los propietarios que así lo hagan corren el riesgo de recibir penas de cárcel, una multa de 50.000 euros y la confiscación del piso.
Los extranjeros que permanezcan en Italia de forma irregular podrán ser condenados a penas que oscilan entre los seis meses y cuatro años de cárcel, y esta norma sí entra en vigor inmediatamente.
¿Respaldo de la ciudadanía?
Las medidas no sorprenden a casi nadie. El endurecimiento de la política sobre inmigración fue uno de los pilares en los que se basó la campaña de Silvio Berlusconi para recuperar el poder en Italia y, valorando la amplitud de su victoria electoral, se puede decir que la ciudadanía respalda estas restricciones a la inmigración.
En opinión de Carlo Cascione, periodista de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, esta podría ser una lectura, si bien no olvida la responsabilidad de los medios de comunicación en la criminalización de los inmigrantes. Cascione subraya que los medios dan más relevancia a las noticias en las que los extranjeros son responsables de algún crimen que a las informaciones en las que los sospechosos son ciudadanos italianos. "Los medios", dice Cascione, "ayudan a estigmatizar la inmigración y verla como un problema".
Además, el periodista italiano recuerda que Italia vive una etapa de crisis económica y que, en este tipo de coyunturas, siempre se tiende a culpabilizar a los inmigrantes de los problemas del país.
Reacciones desde distintos sectores
Las reacciones en contra de la normativa propuesta por el gobierno italiano no se han hecho esperar. Las voces más críticas han llegado desde organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y desde la Iglesia Católica y la Protestante.
Desde ACNUR se asegura que la nueva legislación impediría el derecho a recurso de aquellos solicitantes de asilo político cuya petición sea denegada en primea instancia. En un comunicado hecho público este miércoles, ACNUR denuncia que estas medidas "podrían amenazar las garantías fundamentales relativas al procedimiento del derecho de asilo", y señala que la modificación de la ley italiana "entraría en oposición con uno de los principios del Convenio europeo de derechos humanos que prevé el derecho de apelación". Sin embargo, el ministro Maroni ha subrayado que la nueva ley se acoge de manera fiel a la normativa europea.
Por su parte, tanto la Iglesia Católica como la Protestante han manifestado su oposición a la legislación, afirmando que las leyes vigentes son suficientes para encarar la política migratoria y que este giro del gabinete italiano instigará al odio y enrarecerá el clima de convivencia. Representantes de la Iglesia Protestante han tildado de monstruosidad el criminalizar la inmigración clandestina.
Roces con el gobierno español
En este contexto, cabe recordar que las relaciones entre el gobierno italiano y el gobierno español se han visto enturbiadas en los últimos días por la política sobre inmigración.
Algunos ministros españoles han calificado de xenófoba la estrategia del gobierno Berlusconi, lo que ha provocado malestar en Italia. El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, ha declarado que la política de migración del gobierno socialista en España es una de las más duras.
El secretario español de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y su homólogo italiano, el ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi se han reunido hoy para aclarar estas diferencias. El representante español ha aprovechado el encuentro para expresar su preocupación por los efectos que la nueva legislación italiana puede tener sobre España.
Política europea
La noticia sobre la nueva política migratoria italiana coincide con la discusión en el Parlamento Europeo sobre la directiva de la Unión Europea sobre inmigración. Carlo Cascione considera que tanto la actitud del gobierno italiano como la del gobierno español deben entenderse en el marco de la tendencia de la UE a cerrar sus fronteras y concluye que, en este sentido, ya no se puede hablar de políticas de izquierda o derecha.
*Carlo Cascione es periodista de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
http://www.informarn.nl/informes/unioneuropea/arenapolitica/act080522-berlusconi-migracion 
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